Mendoza afirmó que Venezuela comienza a superar una etapa marcada por la supervivencia y defendió las alianzas entre distintos sectores como una vía para contribuir a la recuperación del país, en momentos en que el debate económico se centra en reactivar la capacidad productiva, atraer inversiones y generar garantías para nuevos proyectos
Las expropiaciones impulsadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro volvieron al debate público tras las declaraciones de Lorenzo Mendoza, presidente ejecutivo de Empresas Polar, quien recordó las dificultades que enfrentó una institución dedicada a atender la malnutrición infantil y defendió las alianzas como una vía para reconstruir Venezuela.
Durante la formalización de la Cátedra Interuniversitaria del Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano (Cania), iniciativa que reúne a la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Metropolitana (Unimet), Mendoza relató la batalla que debió librar para proteger la institución.
“Fuimos expropiados, dimos una batalla para poder, digamos, defender a una institución que se dedicaba a la malnutrición”, afirmó el empresario.
El presidente de Polar también describió el impacto que, a su juicio, tuvieron las políticas aplicadas durante años sobre la actividad privada.
“Nos quisieron desaparecer”, expresó. Sin embargo, consideró que Venezuela comienza a superar una etapa marcada por la supervivencia y puede avanzar hacia la recuperación.
“La sobrevivencia pareciera que quedó, ya estamos saliendo de esa”, dijo. Para afrontar los desafíos de esta nueva etapa, insistió en la necesidad de unir esfuerzos entre distintos sectores: “No es posible sino a través de alianzas”.
Las declaraciones se producen mientras Venezuela debate cómo recuperar su capacidad productiva, atraer nuevas inversiones y ofrecer garantías a quienes estén dispuestos a desarrollar proyectos en el país. Mendoza dirige uno de los principales conglomerados privados venezolanos, Empresas Polar, fundado en 1941 y con presencia en la industria de alimentos y bebidas.
Una década de expropiaciones y mayor intervención estatal
Aunque las expropiaciones no comenzaron con la llegada de Chávez al poder, el proceso adquirió una nueva dimensión a partir de 2007, cuando el entonces presidente anunció la nacionalización de sectores considerados estratégicos, entre ellos las telecomunicaciones, la electricidad y la industria petrolera. Ese año, el Estado tomó el control mayoritario de empresas como la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la Electricidad de Caracas.
La expansión de la intervención estatal continuó durante los años siguientes. En 2008, el gobierno avanzó sobre empresas siderúrgicas, cementeras y financieras, mientras que en 2009 y 2010 las medidas alcanzaron actividades agrícolas, agroindustriales, petroleras, comerciales y de servicios. Las decisiones se justificaron desde el ejecutivo con argumentos relacionados con la soberanía económica, el control de sectores estratégicos y la seguridad alimentaria; empresarios y organizaciones del sector privado, por su parte, advirtieron sobre sus efectos en la inversión y la producción.
El proceso no se limitó a la transferencia de empresas completas al Estado. También incluyó la toma de terrenos, instalaciones industriales y activos productivos, además de cambios en las condiciones bajo las cuales operaban compañías nacionales y extranjeras. Las disputas por las compensaciones y la valoración de los bienes expropiados llevaron a algunos inversionistas a recurrir a mecanismos internacionales de arbitraje. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado en 2013 señalaba que los procedimientos para establecer compensaciones habían sido lentos y poco transparentes.
En el sector alimentario, las tensiones entre el gobierno y las empresas privadas también se intensificaron durante esos años. En 2009, por ejemplo, Chávez ordenó intervenir empresas arroceras y anunció medidas contra plantas procesadoras de arroz, entre ellas instalaciones vinculadas con la estadounidense Cargill. Estas acciones formaron parte de una política de mayor control estatal sobre la producción y distribución de alimentos.
Las críticas de Mendoza al modelo económico
De acuerdo con Bloomberg, Mendoza ha cuestionado públicamente estas políticas económicas de los gobiernos chavistas, aunque ha mantenido su actividad principal al frente de Empresas Polar y no ha confirmado aspiraciones electorales.
En febrero de 2014, durante una reunión convocada por Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, el empresario defendió la participación de las compañías privadas en la recuperación económica y propuso crear una comisión que examinara las causas de la crisis. En esa ocasión, sostuvo: “La empresa privada es parte de la solución de los problemas del país”. Maduro aceptó públicamente la propuesta de crear una comisión económica.
En junio de 2016, Mendoza volvió a cuestionar las decisiones económicas del gobierno durante un foro organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Universidad Simón Bolívar. Criticó el control cambiario, las dificultades para obtener materias primas y divisas, y las limitaciones que enfrentaban las compañías para mantener sus operaciones.
“Hay una sordera de sentarse y admitir que el modelo fracasó”, afirmó entonces. También defendió una economía de mercado como condición para impulsar la producción y recuperar la actividad empresarial.
La exposición pública del empresario ha alimentado en distintos momentos rumores sobre una eventual candidatura presidencial. Sin embargo, su presencia en el debate nacional se ha concentrado en asuntos económicos, empresariales y productivos. En 2023 circularon versiones que daban por confirmada una candidatura suya, pero fueron desmentidas por medios de verificación; Mendoza no había anunciado su intención de competir por la Presidencia.
La recuperación económica y el debate sobre los bienes expropiados
El debate sobre la propiedad privada ha cobrado nuevo impulso en el escenario venezolano de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero y el acercamiento entre Washington y el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Desde entonces, ambos países han avanzado en acuerdos orientados a reactivar la inversión, especialmente en el sector petrolero.
La reforma de la legislación de hidrocarburos aprobada este año amplió los mecanismos de participación privada en esa industria. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha vinculado la recuperación de inversiones afectadas por expropiaciones anteriores con nuevos compromisos de capital para reactivar la producción. Sin embargo, la apertura a empresas privadas no implica por sí sola la devolución generalizada de los bienes expropiados ni la resolución automática de las reclamaciones pendientes.
En junio de 2026, Luigi Picella, integrante de la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, señaló que el gobierno evaluaba qué bienes estatales podrían abrirse a la inversión privada. También indicó que algunos activos expropiados podrían ser devueltos si sus procedimientos legales no habían concluido o si no se había realizado el pago correspondiente.
La discusión abarca, por tanto, más que la restitución de terrenos, empresas o instalaciones. También plantea interrogantes sobre las garantías de propiedad, la seguridad jurídica, el cumplimiento de los contratos y la previsibilidad de las normas, factores que pueden influir en las decisiones de inversión a largo plazo.
En ese contexto, el mensaje de Mendoza trasciende el caso de Cania y la trayectoria de Empresas Polar. Su llamado a construir alianzas apunta a uno de los desafíos de la recuperación venezolana: recomponer la confianza entre los sectores público y privado, fortalecer las instituciones y generar condiciones para que la actividad productiva contribuya tanto al crecimiento económico como a la atención de las necesidades sociales.
(Con información de El Nacional)
