En un conversatorio sobre el futuro de Venezuela, la magistrada emérita Rosa Blanca Mármol de León cuestionó la legitimidad de nuevas designaciones judiciales y sostuvo que la independencia de poderes continúa comprometida
El analista y conductor del encuentro, por su parte, advirtió sobre el riesgo de que acuerdos internacionales sobre los recursos venezolanos se desarrollen al margen de la ciudadanía. Ambos coincidieron en reivindicar la soberanía popular como eje de una eventual transición democrática.
La crisis institucional venezolana, el futuro del Poder Judicial, los recientes acuerdos internacionales relacionados con los recursos petroleros del país y el papel de la ciudadanía fueron los principales temas abordados durante un conversatorio en el que participaron la magistrada Rosa Blanca Mármol de León y el analista colombo-venezolano Jorge Ebrath especializado en política internacional.
Durante el encuentro, Mármol de León sostuvo que Venezuela enfrenta una profunda ruptura de la institucionalidad democrática y cuestionó la posibilidad de sustituir a magistrados que, según su interpretación jurídica, fueron legítimamente designados por la Asamblea Nacional y cuyo período de ejercicio aún estaría vigente.
“No es viable, no es aceptable ni jurídico y además es un abuso”, afirmó la magistrada al referirse a la eventual elección de nuevos magistrados.
Según Mármol de León, la existencia de magistrados designados previamente y obligados a abandonar el país por razones de persecución política plantea, desde su perspectiva, una cuestión fundamental sobre la independencia del Poder Judicial. A su juicio, la prioridad debería ser garantizar las condiciones para que esos magistrados puedan ejercer sus funciones constitucionales, en lugar de proceder a nuevas designaciones.
La magistrada fue aún más contundente al describir el estado de la separación de poderes en Venezuela. “En Venezuela hace tiempo que no hay independencia de poderes”, sostuvo, calificando la situación política del país como una “dictadura franca” y argumentando que cualquier proceso de reorganización institucional debe partir de la recuperación de la autonomía del Poder Judicial.
Acuerdos internacionales y soberanía venezolana
Uno de los puntos centrales del conversatorio fue la discusión sobre los acuerdos que, de acuerdo con lo planteado durante el programa, estarían siendo negociados entre representantes venezolanos y el Gobierno de Estados Unidos, particularmente en materia petrolera.
El analista cuestionó que decisiones relacionadas con las reservas y los recursos estratégicos de Venezuela puedan ser tomadas sin una participación directa de la ciudadanía. Desde su perspectiva, el debate no puede reducirse exclusivamente a quién administra los recursos, sino que debe abordar “quién tiene la legitimidad para decidir sobre ellos”.
El analista y conductor del encuentro también puso sobre la mesa una crítica dirigida tanto al oficialismo venezolano como a sectores de la oposición y a actores internacionales. Su argumento central fue que los intereses de los venezolanos no deberían quedar subordinados a negociaciones entre grupos políticos o gobiernos extranjeros.
En ese punto, la posición del analista convergió con la de Mármol de León: independientemente de quién formule una propuesta de explotación, inversión o reorganización económica, el criterio fundamental debería ser el respeto a la soberanía venezolana y a la voluntad de sus ciudadanos.
Mármol de León fue categórica al respecto al analizar propuestas de explotación petrolera y participación de empresas extranjeras: la cuestión esencial, según su planteamiento, no es únicamente quién realiza la entrega de los recursos, sino bajo qué legitimidad y con qué consecuencias para el país.
Una crítica al protagonismo de las élites políticas
Otro de los elementos que atravesó la conversación fue el cuestionamiento a las negociaciones políticas desarrolladas sin una representación directa de la ciudadanía.
Mármol de León sostuvo que las reuniones y acuerdos entre sectores políticos no pueden presentarse automáticamente como una solución legítima si la población no participa en su construcción.
“La ciudadanía no está presente en eso que está pasando”, afirmó, al cuestionar procesos de negociación en los que, según su apreciación, predominan representantes de organizaciones políticas.
El analista compartió esa preocupación y llevó la crítica más allá de la disputa entre oficialismo y oposición. En su lectura, Venezuela se encuentra ante un escenario en el que diferentes grupos buscan influir sobre la distribución del poder mientras los ciudadanos permanecen al margen de las decisiones fundamentales.
La conclusión compartida durante el conversatorio fue que una eventual transición no debería limitarse a sustituir a una élite política por otra, sino que tendría que reconstruir mecanismos efectivos de participación ciudadana.
La soberanía popular como alternativa
El punto de mayor coincidencia entre ambos participantes apareció al abordar el artículo 5 de la Constitución venezolana, citado durante la conversación como fundamento del principio de soberanía popular.
Mármol de León planteó que la ciudadanía debe ejercer directamente su papel constitucional y mencionó las (asambleas de ciudadanos) como un mecanismo mediante el cual la sociedad podría organizarse y expresar su voluntad.
En ese contexto, también se discutió la propuesta de una *Junta de Gobierno* como posible mecanismo transitorio. La referencia histórica utilizada durante el conversatorio fue la Junta de Gobierno que asumió el poder tras la caída de Marcos Pérez Jiménez en 1958 y que precedió a la convocatoria de elecciones.
La magistrada sostuvo que la sociedad venezolana estaría actualmente organizándose alrededor de estas ideas y defendió el derecho de los ciudadanos a participar activamente en la definición del futuro político del país.
El analista, por su parte, presentó esta posición como un llamado a abandonar la dependencia de figuras políticas individuales y recuperar una identidad nacional basada en la participación ciudadana.
Su reflexión final tomó como referencia el lema del himno nacional venezolano: “Gloria al bravo pueblo”, utilizándolo como símbolo de una ciudadanía que, a su juicio, debe asumir nuevamente el protagonismo de la vida nacional.
“El miedo cambió de acera”
En el cierre del conversatorio, Mármol de León planteó una interpretación particularmente firme sobre el momento político venezolano. A su juicio, el equilibrio de poder estaría cambiando y el temor ya no estaría exclusivamente del lado de la ciudadanía.
“El miedo ahora lo tienen ellos”, afirmó la magistrada, sosteniendo que quienes ejercen actualmente el poder tendrían razones para temer por su futuro político y judicial.
Desde su perspectiva, esa circunstancia abre una oportunidad para que los ciudadanos recuperen capacidad de acción.
“Nosotros somos quienes tenemos el poder”, afirmó, identificando ese poder no con las instituciones partidistas sino con “el poder de la ciudadanía” y “la lucha por la libertad”.
El analista recogió esa conclusión como el principal mensaje del encuentro y la vinculó con su propia crítica a las negociaciones internacionales y a las estructuras políticas venezolanas.
Para ambos participantes, la discusión sobre Venezuela no debería limitarse a determinar quién ocupa el Palacio de Miraflores, quién controla el petróleo o qué actor internacional tiene mayor influencia. El problema de fondo, según las posiciones expresadas durante el conversatorio, es si los venezolanos recuperarán la capacidad efectiva de decidir sobre sus instituciones, sus recursos y su futuro político.
Una discusión centrada en Venezuela
El conversatorio dejó así una posición editorial y política claramente definida: cualquier proceso de transición, negociación o reconstrucción institucional debería colocar en el centro al ciudadano venezolano y no exclusivamente a los partidos políticos, al régimen o a las potencias extranjeras.
Mármol de León aportó la perspectiva jurídica y constitucional, defendiendo la recuperación de la independencia institucional y el ejercicio directo de la soberanía popular.
El analista, desde una perspectiva política e internacional, amplió esa lectura hacia los acuerdos sobre los recursos venezolanos y cuestionó que el futuro económico del país pueda definirse mediante negociaciones en las que la ciudadanía no tenga participación.
Ambas posiciones confluyeron en una idea central: la salida de la crisis venezolana, para ser legítima, no puede construirse únicamente entre élites; debe incorporar al pueblo venezolano como sujeto principal de las decisiones sobre el futuro de la República.
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