
Wendelin Peña pidió al defensor del pueblo recibir las denuncias del caso. El joven está siendo procesado judicialmente por la misma causa de seis sindicalistas condenados en agosto a 16 años de prisión por conspiración
Wendelin Peña, la madre del estudiante John Álvarez, detenido la semana pasada en Venezuela, pidió este miércoles al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, del régimen de Nicolás Maduro investigar la denuncia de supuestas torturas aplicadas en el centro de detención a su hijo, acusado de conspiración y asociación para delinquir.
“Quiero pedir, encarecidamente, que el defensor haga todo lo que esté en sus manos (…) que ejerza su poder”, dijo ante periodistas la mujer, a las afueras de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, a donde acudió a entregar un documento en el que pide a Ruiz investigar este caso.
La organización no gubernamental Provea señaló que el estudiante está siendo procesado judicialmente por la misma causa de seis sindicalistas condenados en agosto a 16 años de prisión por conspiración.
A través de X (antes Twitter), la ONG reiteró que las autoridades están obligadas a “investigar las denuncias de torturas” y que esas averiguaciones “deben ser contra los funcionarios que realizaron la detención y ejecutaron las torturas”, así como contra las directivas de la PNB.
Varias ONG exigieron el martes a la Defensoría del Pueblo activar la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes para atender este caso.
Álvarez fue detenido el miércoles de la semana pasada en Caracas por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, quienes le quitaron la motocicleta en la que se desplazaba, así como sus pertenencias, según dijo este martes a EFE su abogado, Joel García.
El jurista aseguró que en la audiencia de presentación, realizada la noche de este lunes, se conoció que Álvarez tenía “una orden de aprehensión desde el 6 de julio de 2022 por los hechos por los que condenaron a los seis sindicalistas”.

Presos políticos
En Venezuela hay 113 “presos políticos”, de un total de 288, que tienen “más de tres años” detenidos sin condena, denunció en agosto la ONG Foro Penal, que -aseguró- ha entregado una lista con los nombres de estos privados de libertad a la Corte Penal Internacional (CPI).
“Esto es gravísimo, (…) esta lista la tiene la Corte Penal Internacional, cuya investigación se reabrió y (…) está llevándose a cabo, (…) 113 de los 288 presos políticos tienen más de tres años en prisión preventiva, sin condena, muchos de ellos ni siquiera han comenzado el proceso judicial”, dijo el presidente de la organización, Alfredo Romero, durante una rueda de prensa.
El abogado indicó que, según la más reciente actualización del monitoreo de la ONG, la “mayoría de los presos políticos” son militares, quienes suman 155, por lo que los 133 restantes son civiles.
Señaló que, desde 2014, Foro Penal ha registrado 15.791 personas que han “pasado por la prisión política”, y 9.415 “se encuentran bajo medidas cautelares”, es decir, “todavía se mantienen con medidas restrictivas a su libertad”.
Asimismo, Romero afirmó que “11 personas han fallecido en custodia del Estado desde el año 2014″ y 875 civiles han sido “presentados ante tribunales militares”.
Actualmente, al menos 50 “presos políticos” tienen “algún problema de salud”, de acuerdo con la organización, entre ellos el general Héctor Hernández Da Costa -condenado a 16 años de cárcel por el caso del intento de magnicidio contra el dictador Nicolás Maduro en agosto de 2018-, cuya esposa, Lili Barboza, denunció que su estado “es muy delicado”.
Aseguró que el militar, en “injusta prisión a pesar de ser inocente”, “sufre una cardiopatía congénita” y “presenta un cuadro muy delicado” por “diabetes”, además de padecer “otra serie de patologías” que ha sufrido durante “los cinco años de prisión”.
El Foro Penal aseguró que “todo lo que está pasando en Venezuela” está “bajo la lupa” de la CPI, y agregó que la apelación del régimen de Nicolás Maduro a la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la corte internacional “no detiene la investigación” sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país caribeño.
(Con información de EFE)