Un nuevo paquete de normas del régimen de Beijing remarca una tendencia creciente en China: la seguridad nacional ya no aparece limitada a cuestiones militares, espionaje o terrorismo
La tecnología está dejando de ser en China un asunto económico para convertirse en un delicado asunto de seguridad nacional. O de represión.
El cambio no es menor: el régimen de Xi Jinping avanza hacia un modelo en el que los datos, los algoritmos, la inteligencia artificial, las empresas tecnológicas, el conocimiento de los ingenieros e incluso la posibilidad de que una persona abandone el país pueden quedar comprendidos dentro de una misma lógica. El resultado es una ampliación del perímetro de control estatal que empieza en Internet, continúa en las empresas y alcanza a las personas.
La vida de cualquier ciudadano está cada vez más atravesada por decisiones que antes pertenecían a ámbitos separados: qué información se puede difundir, qué datos pueden circular, qué tecnología puede exportarse, qué empresas deben colaborar con las autoridades y, potencialmente, quién puede salir del territorio chino.
Un ejemplo sencillo para dimensionar la nueva estructura de sometimiento de Xi: imaginemos a un ingeniero chino especializado en semiconductores, inteligencia artificial o alguna otra tecnología considerada estratégica. Recibe una oferta de trabajo de una empresa extranjera y decide aceptar. Hasta hace relativamente poco, el problema para el Estado podía ser, en determinados casos, el acceso a información clasificada o la comisión de un delito. Bajo las nuevas reglas que China está construyendo, la cuestión puede plantearse de otra manera: si el omnipresente estado considera que su salida puede poner en riesgo la seguridad industrial o tecnológica nacional, las autoridades pueden impedirle abandonar el país. Y puede hacerlo sin darle explicaciones. Simplemente: no. El régimen determinará qué conocimientos, qué información y qué personas considera estratégicos.
Se trata de cuatro leyes que aún no están en vigor, pero que pronto se pondrán en marcha. El nuevo Reglamento del Consejo de Estado sobre Administración de Entrada y Salida fue aprobado y comenzará a regir el 15 de septiembre de 2026. La reforma de la Ley de Movilización de la Defensa Nacional fue aprobada el 28 de agosto y entrará en vigor el 1 de octubre. Las Medidas del Ministerio de Seguridad Pública para la Supervisión e Inspección de la Seguridad del Ciberespacio también entrarán en vigor el 1 de octubre. En cambio, las nuevas Medidas para la Administración de los Servicios de Información de Internet, que incluyen disposiciones de gran importancia sobre IA y algoritmos, todavía son un proyecto: la consulta pública concluyó el 2 de agosto y el texto aún no ha sido adoptado.
La primera normativa, el Reglamento sobre Entrada y Salida, es probablemente la que permite comprender mejor cómo la seguridad tecnológica empieza a trasladarse desde las empresas hacia las personas. El texto establece criterios en los que un ciudadano chino puede ser impedido de salir del país, entre ellos determinados incumplimientos relacionados con el control de exportaciones o la importación y exportación de tecnología cuando puedan poner en peligro la seguridad industrial o tecnológica nacional.
El cambio conceptual es profundo. La seguridad nacional ya no aparece limitada a cuestiones militares, espionaje o terrorismo. El conocimiento tecnológico puede convertirse en un activo de seguridad. Un ingeniero, un investigador o un ejecutivo que posea conocimientos considerados sensibles puede ser visto no sólo como un trabajador, sino como parte de un recurso estratégico nacional. ¿El conocimiento individual le pertenece al estado? Así parece en la China de Xi.
La consecuencia potencial va más allá de las prohibiciones concretas. Puede producirse un efecto de autocontrol. Un profesional que sabe que determinadas actividades pueden generar problemas para viajar al extranjero puede pensarlo dos veces antes de cambiar de empresa, aceptar un empleo fuera de China o transferir determinados conocimientos mediante trabajo remoto. El Estado no necesita impedir la salida de miles de personas para modificar su comportamiento: la posibilidad de hacerlo puede ser suficiente para cambiar los incentivos. Incluso, una vez en el extranjero, ese ciudadano chino podría ser extorsionado por las autoridades para que actúe como un “activo” de inteligencia y filtre información de la competencia en el otro país.
El reglamento contempla además mecanismos de notificación y recurso, lo que muestra que no se trata simplemente de una facultad sin ninguna garantía. Pero existe una excepción significativa: en determinadas circunstancias relacionadas con la seguridad nacional o una investigación penal, las autoridades pueden no revelar toda la información al afectado. El limbo de Xi. Ahí aparece uno de los principales problemas de afectación de derechos: una persona puede disponer formalmente de una vía de recurso, pero la eficacia de ese derecho depende de conocer por qué se tomó la decisión y sobre qué elementos se fundamentó. Esa información podría quedar en secreto y el afectado no saber por qué no puede salir del país.
(Con información de Infobae)
