La hija denunció que las autoridades incautaron los ordenadores portátiles y teléfono móvil que utilizaba su madre. También su papá, Reza Khandan, está en prisión por motivos políticos
La abogada Nasrin Sotudeh ha sido arrestada por las autoridades iraníes, denunció este jueves la hija de la activista, quien afirmó que no tienen más noticias de ella.
“Hace unos minutos nos hemos enterado de que detuvieron a mamá anoche mientras estaba sola en casa”, dijo en Instagram Mehraveh Khandan.
En 2012, obtuvo el reconocimiento del premio Sájarov otorgado por el Parlamento Europeo por su labor en defensa de los derechos humanos.
Su marido, Reza Khandan, se encuentra en prisión cumpliendo una pena por su activismo.
Desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán ha detenido a miles de personas por supuestamente espiar para el Estado hebreo o actividades contra la República Islámica.
Además, ha comenzado a ejecutar a presos condenados por su participación en las protestas de enero, el cuarto de ellos este mismo jueves.
Asimismo, las ejecuciones en Irán han adquirido un nuevo ritmo desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con la república islámica, mientras la atención global se fija en temas geopolíticos como el precio del petróleo.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian un aumento en el uso de la pena capital por parte del régimen, que estaría aprovechando el actual contexto internacional para ejecutar sentencias bajo un manto de opacidad e intimidación social. El medio The Guardian recogió testimonios y cifras que advierten sobre la gravedad del fenómeno y el silencio oficial que lo rodea.
Solo en 2026, al menos 145 personas han sido ejecutadas de forma comprobada, mientras que se reportan más de 400 ejecuciones adicionales aún no verificadas, según datos de Iran Human Rights.
La cifra pone de manifiesto una aceleración respecto a años anteriores y revela que la mayoría de estos castigos no figura en los registros oficiales: el relator especial de la ONU destacó que solo el 7% de los casos se hicieron públicos.
La situación se agravó tras las protestas masivas de enero, donde decenas de miles de personas permanecen detenidas y varias decenas podrían enfrentar la pena de muerte, indica Amnistía Internacional.
A raíz de la represión, el acceso a la información también ha sido restringido. El corte de internet impuesto por las autoridades dificulta el seguimiento de las ejecuciones y de los procesos judiciales en marcha. Familiares de los detenidos denuncian que reciben advertencias para que no contacten a terceros ni den a conocer los casos a la prensa, lo que contribuye al clima de opacidad.
Entre los innumerables casos documentados, el de Peyvand Naimi, de 30 años, ilustra los métodos empleados por el régimen. Detenido tras las protestas, Naimi ha sido mantenido más de un mes en aislamiento, sometido a falsas ejecuciones, torturas físicas y psicológicas, y forzado a confesar en televisión.
(Con información de EFE)
