
El exdirector del CTI, Julián Quintana, y el analista político David Valencia alertan en diálogo con el analista político internacional Jorge Ebrath sobre una crisis institucional y moral que estaría favoreciendo la expansión del narcotráfico, el debilitamiento de la justicia y el retroceso de la autoridad.
“Colombia vive un colapso de autoridad que amenaza su futuro como república”, advierten Julián Quintana, exdirector del CTI, y David Valencia, analista político, en conversación con Jorge Ebrath, reconocido comentarista y conductor de análisis político. En un intercambio profundo y sin concesiones, los tres exploran las causas de la inseguridad, la corrupción y la fractura institucional, señalando que el Estado ha cedido terreno frente al crimen y las ideologías.
Contexto político
Colombia enfrenta una crisis simultánea de seguridad, justicia y gobernabilidad. En zonas rurales, disidencias, bandas y carteles disputan el control territorial; en las ciudades, el microtráfico y la criminalidad común avanzan. Mientras tanto, el gobierno de Gustavo Petro promueve su política de “paz total”, cuestionada por amplios sectores que la consideran una estrategia de concesiones sin resultados. En medio de esta coyuntura, la conversación dirigida por Ebrath reúne dos voces de peso Quintana y Valencia para examinar, desde lo técnico y lo político, el deterioro del Estado.
Un Estado replegado frente al crimen
Durante la conversación, Jorge Ebrath plantea una pregunta clave: “¿Estamos ante un Estado que perdió la autoridad o ante una política que decidió renunciar a ejercerla?”
Para Julián Quintana, el problema es estructural: “Las instituciones están siendo reducidas a instrumentos ideológicos. El delincuente percibe que el Estado duda en ejercer autoridad, y esa duda se traduce en impunidad.”
El exdirector del CTI sostiene que la desconfianza en la justicia no es casual: “Cuando la Fiscalía o los jueces son usados para fines políticos, el ciudadano pierde toda esperanza en la ley”, Ebrath acota que esta percepción de “autoridad vacía” es compartida por gran parte de la ciudadanía, lo que —según sus análisis— “erosiona la legitimidad del Estado y alimenta el resentimiento social”.
Desde su perspectiva política, David Valencia responde: “El gobierno ha desmontado la doctrina de seguridad nacional. Desvincularse de aliados estratégicos, debilitar a la Fuerza Pública y desmantelar la inteligencia del Estado es abrirle la puerta al caos”. Para Valencia, “el crimen ha encontrado en la indecisión del poder político su mejor aliado”.
Del Bronx al aula: la expansión del microtráfico
Jorge Ebrath interroga: “Si el microtráfico se multiplicó tras el desmonte de las operaciones en el Bronx, ¿qué falló en la continuidad del Estado?”
Ambos entrevistados coinciden en que el narcotráfico urbano se ha convertido en una amenaza social. Quintana, recordando su experiencia en la intervención del Bronx, afirma que “la indiferencia institucional permitió que ese modelo de degradación se multiplicara por todo el país”.
Valencia profundiza en las consecuencias sociales: “Hoy tenemos pequeños Bronx en cada ciudad. El consumo dejó de ser marginal; está en las universidades, en los colegios, en las familias. Y el Estado, lejos de combatirlo, lo justifica con discursos de tolerancia mal entendida.”
Crisis moral y política de valores
Al abordar el tema de la educación y los valores, Ebrath pregunta si el país enfrenta una crisis de seguridad o una crisis moral.
Para David Valencia, el problema de fondo no se limita a la seguridad, sino a la pérdida de referentes éticos. “Colombia atraviesa una crisis moral. Cuando la educación renuncia a formar en principios, y el Estado promueve relativismos ideológicos, la sociedad pierde cohesión y sentido de justicia.”
Quintana comparte la visión desde el campo judicial: “Sin valores, no hay ley que funcione. La justicia necesita jueces con carácter y funcionarios con vocación de país, no burócratas temerosos del poder.”
Ebrath resume: “La justicia parece desbordada y la moral pública en retirada; el desafío es que el Estado vuelva a ser un punto de referencia, no un espectador”.
Las advertencias de Quintana y Valencia se alinean con cifras de la Defensoría del Pueblo y de la Fundación Ideas para la Paz, que registran presencia de grupos criminales en más de 200 municipios y un aumento sostenido del reclutamiento de menores.
A pesar de los argumentos oficiales sobre la “reducción de enfrentamientos armados”, los analistas sostienen que se trata de una “paz aparente”, lograda a costa de la autoridad estatal.
La conversación dirigida por Jorge Ebrath deja al descubierto una preocupación compartida: la urgencia de reconstruir el Estado colombiano desde sus cimientos morales e institucionales. “El país debe volver a respetar la autoridad y el mérito, o terminará gobernado por el crimen”, advierte Quintana.
Valencia cierra con una reflexión que resume el espíritu del diálogo: “Colombia no está perdiendo una batalla contra el narcotráfico; está perdiendo su sentido de nación”.
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