{"id":93150,"date":"2026-09-21T20:36:58","date_gmt":"2026-09-22T01:36:58","guid":{"rendered":"https:\/\/thecitizenfortheworld.com\/?p=93150"},"modified":"2026-09-21T20:36:58","modified_gmt":"2026-09-22T01:36:58","slug":"el-gobierno-habria-impugnado-las-condiciones-judiciales-para-los-bombardeos-en-zonas-con-presencia-de-menores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thecitizenfortheworld.com\/?p=93150","title":{"rendered":"El Gobierno habr\u00eda impugnado las condiciones judiciales para los bombardeos en zonas con presencia de menores"},"content":{"rendered":"
La Presidencia y los ministerios de Defensa, Justicia e Interior habr\u00edan llevado a segunda instancia la tutela que fij\u00f3 cinco exigencias para las operaciones a\u00e9reas cuando haya informaci\u00f3n sobre presencia de ni\u00f1os y adolescentes en los objetivos militares<\/p>\n
El Gobierno nacional habr\u00eda presentado una impugnaci\u00f3n contra el fallo del Juzgado 34 de Familia de Bogot\u00e1 que permiti\u00f3 la continuidad de los bombardeos militares, aunque bajo condiciones reforzadas cuando existan datos sobre la posible presencia de menores de edad en los lugares que ser\u00e1n atacados.<\/p>\n
Al parecer, la acci\u00f3n fue promovida por la Presidencia de la Rep\u00fablica y los ministerios de Defensa, Justicia e Interior. Las entidades estar\u00edan buscando que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoque las medidas que el juzgado orden\u00f3 el 16 de septiembre de 2026 dentro de una acci\u00f3n de tutela relacionada con operaciones militares en zonas donde act\u00faan grupos armados<\/b>.<\/p>\n
La decisi\u00f3n de primera instancia no estableci\u00f3 una prohibici\u00f3n general de los bombardeos ni exigi\u00f3 una autorizaci\u00f3n judicial antes de cada ataque. El juez determin\u00f3 que las Fuerzas Militares deben adoptar un est\u00e1ndar reforzado de precauci\u00f3n cuando la inteligencia indique que podr\u00eda haber ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes en los campamentos u otros objetivos militares.<\/p>\n
El fallo fij\u00f3 cinco obligaciones antes de las operaciones a\u00e9reas<\/h2>\n
<\/picture><\/div>\n
La Presidencia y los ministerios de Defensa, Justicia e Interior pidieron al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revocar las medidas de tutela – cr\u00e9dito Ej\u00e9rcito Nacional de Colombia<\/em><\/div>\n
El Juzgado 34 de Familia de Bogot\u00e1 dispuso que las autoridades militares deber\u00e1n reforzar la verificaci\u00f3n de la informaci\u00f3n de inteligencia cuando haya indicios sobre la presencia de menores de edad en el \u00e1rea de una operaci\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n orden\u00f3 que esos datos sean incluidos en forma expresa en la evaluaci\u00f3n jur\u00eddica y operacional previa al bombardeo. La medida obliga a valorar los riesgos para la vida y la integridad de los ni\u00f1os y adolescentes que puedan estar en el lugar.<\/b><\/p>\n
El tercer punto exige examinar alternativas menos lesivas que permitan obtener una ventaja militar comparable. A ello se suma la aplicaci\u00f3n estricta de los principios de distinci\u00f3n, precauci\u00f3n y proporcionalidad previstos en el Derecho Internacional Humanitario.<\/p>\n
<\/picture>El Juzgado 34 de Familia de Bogot\u00e1 permiti\u00f3 la continuidad de los bombardeos sin exigir autorizaci\u00f3n judicial previa para cada ataque – cr\u00e9dito Ej\u00e9rcito Nacional<\/em><\/div>\n
El debate se concentra, en particular, en el trato que deben recibir los menores reclutados o utilizados por organizaciones armadas ilegales. De acuerdo con la decisi\u00f3n judicial, la presencia de un ni\u00f1o o adolescente en un campamento, el uso de uniforme o su pertenencia a una estructura ilegal no permite considerarlo de forma autom\u00e1tica como objetivo militar.<\/p>\n
El Ejecutivo sostiene que ya existen protocolos de protecci\u00f3n<\/h2>\n
En la impugnaci\u00f3n, las entidades del Gobierno habr\u00edan argumentado que las Fuerzas Militares ya disponen de mecanismos y protocolos para reducir los riesgos contra menores de edad durante las operaciones a\u00e9reas.<\/p>\n
Seg\u00fan los argumentos, presuntamente, presentados ante la justicia, las autoridades militares cuentan con fuentes humanas y herramientas tecnol\u00f3gicas de inteligencia <\/b>que permiten identificar, con anticipaci\u00f3n, qui\u00e9nes se encuentran en los lugares que podr\u00edan ser objeto de una operaci\u00f3n.<\/p>\n
<\/picture>El fallo orden\u00f3 a las Fuerzas Militares aplicar un est\u00e1ndar reforzado de precauci\u00f3n cuando la inteligencia reporte ni\u00f1os o adolescentes en objetivos militares – cr\u00e9dito Ej\u00e9rcito de Colombia\/X<\/em><\/div>\n
El Gobierno tambi\u00e9n habr\u00eda se\u00f1alado que los bombardeos pasan por varios filtros internos antes de su ejecuci\u00f3n. Entre ellos figura la participaci\u00f3n de oficiales de derechos humanos y expertos en derecho operacional, adem\u00e1s del an\u00e1lisis de informaci\u00f3n recolectada por los sistemas de inteligencia.<\/p>\n
Las entidades sostienen que esos procedimientos responden a las obligaciones estatales de protecci\u00f3n de ni\u00f1os y adolescentes que permanecen en escenarios de conflicto armado.<\/b> En ese sentido, mencionan como referentes el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma, instrumentos que, seg\u00fan la argumentaci\u00f3n oficial, son considerados por el Ministerio de Defensa.<\/p>\n
El recurso busca dejar sin efecto las \u00f3rdenes espec\u00edficas fijadas por el juzgado, con el argumento de que las exigencias ya forman parte de los protocolos que aplican las Fuerzas Militares.<\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 podr\u00eda revisar la tutela en segunda instancia<\/h2>\n
<\/picture>La tutela exige examinar alternativas menos lesivas y aplicar los principios de distinci\u00f3n, precauci\u00f3n y proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario – cr\u00e9dito Suministrado a Infobae Colombia<\/em><\/div>\n
De haberse presentado el recurso, el expediente ser\u00eda enviado a la sala competente del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que deber\u00e1 decidir si mantiene, modifica o revoca las medidas dictadas por el Juzgado 34 de Familia.<\/p>\n
El tr\u00e1mite podr\u00eda extenderse entre uno y dos meses, aunque el plazo depender\u00e1 de la carga judicial y de las actuaciones que se surtan durante la segunda instancia. Despu\u00e9s de esa decisi\u00f3n, el caso podr\u00eda ser seleccionado para revisi\u00f3n de la Corte Constitucional.<\/p>\n
La discusi\u00f3n judicial ocurre mientras el Gobierno tiene listo un decreto que devolver\u00eda al Consejo de Estado la competencia para resolver tutelas contra el presidente de la Rep\u00fablica. Esa eventual modificaci\u00f3n tambi\u00e9n tendr\u00eda incidencia en procesos relacionados con asuntos de alto impacto para el Ejecutivo, como el debate sobre bombardeos militares y una eventual reanudaci\u00f3n de la aspersi\u00f3n de narcocultivos con glufosinato de amonio.<\/p>\n
(Con informaci\u00f3n de Infobae)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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