\u201cLas autoridades venezolanas no investigaron ni sancionaron las torturas y malos tratos, pese a existir denuncias. Ni el sistema de justicia ni la Defensori\u0301a del Pueblo han actuado con la diligencia debida. De esta manera, la impunidad por estos actos en casos que involucran a personas opositoras, o percibidas como tales, sigue siendo la norma\u201d.<\/p>\n
![\"El](\"https:\/\/www.infobae.com\/new-resizer\/8_MJ5VeUU16I8JRAbYGqUvxP23Y=\/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae\/public\/U3NSVMTD5RAOTETSXTCAF5IQTQ.png\")
El SEBIN es junto a la DGCIM los dos cuerpos por excelencia de violaci\u00f3n a DDHH<\/em><\/div>\nEs muy revelador que \u201clos hechos reportados por la misio\u0301n son consistentes con el uso de la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades del Estado para generar y perpetuar un clima de temor en la sociedad civil venezolana, y mostrar las consecuencias que podri\u0301an sufrir aqu\u00ed\u201d.<\/p>\n
Algunas personas entrevistadas afirmaron que\u00a0el impacto de los casos de tortura y malos tratos servi\u0301an para aterrorizar a la sociedad civil e inhibir la disidencia,<\/b>\u00a0en particular el mantenimiento de salas de tortura en El Helicoide, asi\u0301 como de la \u201cCasa de los Suen\u0303os\u201d, ubicada en Bolei\u0301ta\u201d.<\/p>\n
Por otra parte, \u201clas autoridades venezolanas lejos de desmantelar las estructuras involucradas en patrones previos de violaciones de derechos humanos y delitos a trav\u00e9s de reformas institucionales genuinas y de la rendici\u00f3n de cuentas,\u00a0han mantenido o incluso ascendido a algunos de los individuos responsables<\/b>\u201d.<\/p>\n
Aunque el informe no lo dice expresamente hay casos muy sonados de militares se\u00f1alados de ser ascendidos, aunque han sido identificados como violadores de DDHH, tal es el caso del jefe de la Direcci\u00f3n de Asuntos Especiales (DAE) de la Direcci\u00f3n General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Tcnel. Alexander Enrique Granko Aretaga, GB Rafael Antonio Franco Quintero, GD Rafael Ram\u00f3n Blanco Marrero<\/p>\n
Incluso en junio 2023 el capit\u00e1n (GNB) Juan Carlos Nieto Quintero se\u00f1al\u00f3 nuevamente al Vicepresidente del INEA,\u00a0Capit\u00e1n de Nav\u00edo Germ\u00e1n Eduardo G\u00f3mez L\u00e1rez<\/a>, como uno de sus torturadores, tal y como lo ratific\u00f3 ante el Tribunal.<\/p>\n La Misi\u00f3n de Determinaci\u00f3n de los Hechos destaca que su investigaci\u00f3n tiene lugar en el marco de la crisis econo\u0301mica y humanitaria que vive Venezuela. De fuentes no gubernamentales han establecido que \u201cpara marzo de 2022, el 82,8% de los servicios de atencio\u0301n hospitalaria se encontraban inoperativos, lo que implica que unos 19,1 millones de personas dejaron de beneficiarse de estos servicios. La tasa de inflacio\u0301n anual en abril 2023 se situaba en el 400%, la tasa nacional ma\u0301s alta del mundo. Para agosto de 2023, al menos 7,71 millones de personas habi\u0301an abandonado el pai\u0301s\u201d. Consideran que las protestas est\u00e1n m\u00e1s vinculadas a condiciones laborales, acceso a la salud y servicios ba\u0301sicos, y escasez de alimentos o gasolina.<\/p>\n En el informe sobre Venezuela la Misio\u0301n investigo\u0301 cuatro muertes violentas de actores de la sociedad civil, de las que dijeron que era necesario \u201crealizar investigaciones ma\u0301s profundas\u201d<\/p>\n Dos de ellos eran comunicadores populares y activistas del chavismo: Jose\u0301 Carmelo Bislick Acosta ten\u00eda un programa de radio en el estado Sucre. En el Zulia funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales\u00a0asesinaron a Andre\u0301s Eloy Nieves Zacari\u0301as y V\u00edctor Torres<\/a>\u00a0quien era hijo del director de Guacamaya TV.<\/p>\n Otra de las muertes que investig\u00f3 la Misi\u00f3n fue la del\u00a0li\u0301der indi\u0301gena Uwottu\u0308ja, Virgilio Trujillo<\/a>, asesinado en junio de 2022 en Amazonas; y el activista del Partido Comunista y comunicador social Jose\u0301 Gregorio Urbina, asesinado en enero de 2022 en el Apure.<\/p>\n \u201cLa misio\u0301n investigo\u0301 dos muertes bajo custodia: la del\u00a0General Rau\u0301l Isai\u0301as Baduel<\/a>, que murio\u0301 el 12 de octubre de 2021 bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide; y la de Salvador Franco<\/a>, miembro del pueblo indi\u0301gena Pemo\u0301n, que murio\u0301 el 3 de enero de 2021 en la ca\u0301rcel de El Rodeo II.<\/p>\n \u201cLa misio\u0301n tiene motivos razonables para creer que ambas muertes fueron consecuencia directa de la denegacio\u0301n de atencio\u0301n me\u0301dica adecuada. Segu\u0301n esta\u0301ndares internacionales, a menos que se demuestre lo contrario, las muertes bajo custodia se consideran privaciones arbitrarias de la vida y generan responsabilidad del Estado\u201d.<\/p>\n Investigaron 53 casos ocurridos en el marco de la represio\u0301n selectiva que \u201cse refieren a la detencio\u0301n arbitraria de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de la oposicio\u0301n, profesores y otras personas que expresaron cri\u0301ticas o reclamos contra el Gobierno, incluidas reivindicaciones laborales\u201d.<\/p>\n \u201cEn dos casos investigados, que involucran a 11 personas, las detenciones se produjeron por la presunta participacio\u0301n de los detenidos en actos militares de sedicio\u0301n, descritos oficialmente como intentos para desestabilizar al Gobierno. Entre ellos se incluyen tres miembros del personal militar\u201d, dice el Informe.<\/p>\n La misio\u0301n identifico\u0301 tres patrones comunes de detencio\u0301n arbitraria: muchas se llevaron a cabo sin orden previa de detencio\u0301n. \u201cCon frecuencia las autoridades no presentaron o\u0301rdenes de detencio\u0301n ni informaron a los detenidos de los motivos de su arresto. Las detenciones en flagrancia carecieron a menudo de una causa va\u0301lida o se justificaron plantando pruebas incriminatorias falsas a los detenidos, en particular armas de fuego\u201d.<\/p>\n \u201cLas fuerzas de seguridad que irrumpieron en los domicilios de los detenidos no presentaron o\u0301rdenes de allanamiento, hicieron uso excesivo de la fuerza, y amenazaron a los familiares de los aprehendidos. Excepcionalmente, los detenidos fueron presentados ante un juez dentro del plazo legal de las 48 horas desde el arresto, pero otros debieron esperar hasta 10 di\u0301as, lo que el Ministerio Pu\u0301blico oculto\u0301 comunicando fechas falsas de detencio\u0301n\u201d.<\/p>\n Otro de los patrones identificados por la Misi\u00f3n es que\u00a0\u201clas personas permanecieron en prisio\u0301n, incluso despue\u0301s de que un juez hubiera ordenado su liberacio\u0301n\u00a0<\/b>inmediata. Los directores de las prisiones se niegan a liberar a las personas, alegando que esta\u0301n pendientes las respectivas autorizaciones del Ministerio Penitenciario. Este patro\u0301n afecta desproporcionadamente a las personas que han sido privadas de libertad por oponerse al Gobierno, como se ilustra en 15 casos individuales documentados por la misio\u0301n\u201d.<\/p>\n El Informe de la Misi\u00f3n es revelador en casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes investigados, encontrando que entre el 2020 y principios de 2021, hay motivos razonables para creer algunos casos reflejan \u201cuna poli\u0301tica de Estado dirigida a silenciar, desalentar y anular la oposicio\u0301n al Gobierno, la cual ha sido documentada en informes anteriores\u201d.<\/p>\n \u201cLa misio\u0301n investigo\u0301 los casos de 28 personas privadas de libertad en lugares de detencio\u0301n oficiales y clandestinos. La misio\u0301n recibio\u0301 informacio\u0301n de que las vi\u0301ctimas de tortura o malos tratos optan, con frecuencia, por no denunciar las violaciones, por temor a represalias o a sufrir consecuencias negativas relacionadas con su detencio\u0301n en curso\u201d.<\/p>\n \u201cLos actos documentados por la misio\u0301n incluyeron golpizas (especialmente en la cabeza, las costillas, los glu\u0301teos, los genitales, las piernas y los dedos de las manos y los pies); suspensio\u0301n por las mun\u0303ecas o los tobillos; asfixia con bolsas en la cabeza, a veces rociadas con insecticida; exposicio\u0301n a bajas temperaturas y ban\u0303os fri\u0301os; quemaduras con cigarrillos; gas lacrimo\u0301geno; privacio\u0301n del suen\u0303o, incluida luz constante las 24 horas del di\u0301a y mu\u0301sica a alto volumen; celdas de castigo de espacio reducido que permiten so\u0301lo estar de pie y aislamiento prolongado\u201d.<\/p>\n Igualmente creen que hay motivos razonables para creer que \u201cciertos actos de tortura y malos tratos tuvieron por objeto castigar a los detenidos por sus actividades sindicales o relacionadas con los derechos humanos, por denunciar actos de corrupcio\u0301n, por su activismo poli\u0301tico, por actuar o por pronunciarse en contra del Gobierno. En algunos casos, los actos de tortura o malos tratos tuvieron por objeto extraer confesiones o declaraciones falsas\u201d.<\/p>\n La misio\u0301n ha seguido recibiendo informacio\u0301n sobre las condiciones deficientes de detencio\u0301n de los opositores al Gobierno, o de quienes son percibidos como tales, en los centros de detencio\u0301n de la Dgcim, Sebin e Instituto Nacional de Orientacio\u0301n Femenina (INOF).<\/p>\n \u201cFalta de productos de higiene y condiciones sanitarias inadecuadas; falta de aire fresco y de acceso a la luz solar; hacinamiento en las celdas; falta de acceso a tratamientos me\u0301dicos o denegacio\u0301n de medicamentos, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva, e insuficiencia de alimentos o agua, condiciones que, en algunos casos, podri\u0301an constituir tortura o malos tratos\u201d.<\/p>\n La misio\u0301n tiene motivos razonables para creer que\u00a0la violencia sexual y de ge\u0301nero siguio\u0301 utiliza\u0301ndose como forma de tortura y humillacio\u0301n contra personas opositoras\u00a0<\/b>al Gobierno, o percibidas como tales, perpetuando un ciclo de abuso y opresio\u0301n mediante la violacio\u0301n, la amenaza de violacio\u0301n, los registros invasivos y la desnudez forzada.<\/p>\n Para el periodo desde 2020-2023, la misio\u0301n ha investigado los casos de 19 personas vi\u0301ctimas de violencia sexual o de ge\u0301nero en lugares de detencio\u0301n, incluyendo personas opositoras, reales o percibidas como tales, sus familiares, sus abogados o abogadas (cuatro hombres y 15 mujeres, incluyendo una mujer transge\u0301nero). Los casos comprenden amenazas de violacio\u0301n contra dos mujeres, y la violacio\u0301n de tres hombres. Todas estas personas fueron detenidas en 2020, el u\u0301ltimo an\u0303o en que se dieron operaciones de contrainsurgencia a gran escala.<\/p>\n La misio\u0301n documento\u0301 casos en los que se utilizo\u0301 la violencia sexual como acto de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, poco tiempo despue\u0301s de la detencio\u0301n de la vi\u0301ctima. En al menos cinco casos, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales y de la Direccio\u0301n General de Contrainteligencia Militar perpetraron actos de violencia sexual o amenazaron a las personas detenidas con violarlas (incluso se dijo a las detenidas que las enviari\u0301an desnudas a una habitacio\u0301n con funcionarios varones). Dos militares varones detenidos fueron violados con objetos contundentes.<\/p>\n La desnudez forzada como parte de las requisas fi\u0301sicas invasivas esta\u0301 generalizada en el sistema penitenciario venezolano, afectando desproporcionadamente a las mujeres. La misio\u0301n recibio\u0301 informacio\u0301n de seis vi\u0301ctimas y cuatro testigos directos, todas mujeres, sobre el uso sistema\u0301tico de la desnudez forzada durante las requisas fi\u0301sicas invasivas. La misio\u0301n recibio\u0301 informacio\u0301n de que estos actos se llevaron a cabo con especial san\u0303a contra personas opositoras poli\u0301ticas, reales o percibidas como tales, incluyendo personas detenidas, sus representantes legales y sus familiares.<\/p>\n La misio\u0301n ha documentado el uso de insultos o amenazas basados en el ge\u0301nero como forma de trato humillante y degradante contra personas opositoras, o percibidas como tales que se encuentran detenidas. Por ejemplo, las mujeres encarceladas han sido insultadas y etiquetadas como\u00a0\u201cmalas madres\u201d, \u201czorras\u201d o \u201cprostitutas\u201d<\/b>. En un nu\u0301mero desproporcionado de casos, en comparacio\u0301n con los hombres, las amenazas contra las mujeres giraban, generalmente, en torno a sus hijos y a lo que podri\u0301a ocurrirles si no cooperaban.<\/p>\n La Misi\u00f3n de Determinaci\u00f3n de los Hechos sobre lo que ocurre en el pa\u00eds caribe\u00f1o afirm\u00f3 que los casos de tortura y malos tratos servi\u0301an para aterrorizar a la sociedad civil e inhibir la disidencia Numerosos los motivos razonables m\u00e1s destacados que tiene\u00a0la Misi\u00f3n de Determinaci\u00f3n de los Hechos sobre lo que ocurre en Venezuela, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":83385,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_mi_skip_tracking":false},"categories":[3,4],"tags":[],"yoast_head":"\n![\"Tcnel](\"https:\/\/www.infobae.com\/new-resizer\/xQODKSZuqpE-LByFR-Ny-xJmjKc=\/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae\/public\/VJLRT2T6WZACXH7HMOLOBKFVKQ.png\")
<\/div>\nTragedia hospitalaria, inflaci\u00f3n y servicios<\/h2>\n
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<\/div>\nDetenciones arbitrarias<\/h2>\n
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<\/div>\nTortura y tratos crueles<\/h2>\n
Violencia sexual y de ge\u0301nero<\/h2>\n